Falange y la bomba de la Casa del Pueblo de Palma
4 de junio de 1936
Lo que en un principio estaba encaminado a ser un atentado de carácter personal por parte de los nacionalsindicalistas mallorquines contra el alcalde de Búger se convertiría la noche del 4 de junio de 1936 en un ataque contra un símbolo de la clase obrera balear: La Casa del Pueblo.
La Casa del Pueblo no era únicamente la sede de organizaciones sindicales y obreras. Desde su creación se había convertido en el centro de vida social, cultural y política para los sectores de la clase trabajadora mallorquina. En sus dependencias se celebraban reuniones sindicales, conferencias, actos formativos, representaciones culturales y actividades recreativas. La misma noche del atentado se encontraban ensayando el coro del Orfeón Proletario.

Ataque que, de hacer caso a lo argumentado por los propios falangistas, no iba dirigido en sus inicios contra el símbolo que representaba la Casa del Pueblo. Se puede argumentar que atentar contra ella no era el objetivo principal, sino la consecuencia de no poder efectuar el ataque contra el negocio del alcalde de Búger, en cuyo defecto se optó por su colocación o lanzamiento contra la sede obrera palmesana.
La Falange en junio de 1936 se movía en un contexto especialmente complejo. Tras los sucesos ocurridos entre marzo y abril, el Gobierno del Frente Popular adoptó medidas. Estas medidas sometieron al movimiento nacionalsindicalista a una intensa campaña represiva.
Las detenciones, encarcelamientos, multas gubernativas y la clausura de los locales afectaron a numerosos mandos y militantes en Mallorca. La ilegalización de hecho de Falange obligó a muchos de sus miembros a actuar desde la clandestinidad, recurriendo a la publicación del primer semanario del movimiento: Aquí estamos, cuyo primer número se publicó el 23 de mayo.
Resulta especialmente significativo que esta persecución se produjera a pesar de las sentencias de los tribunales cuestionando la legalidad de alguna de las medidas adoptadas contra Falange. Mientras los falangistas defendían su derecho a la actuación política legal, la conducta represiva gubernativa se intensificaba, alimentando entre numerosos militantes la convicción de que no existía cauce ordinario para la confrontación política.
Es dentro de este ambiente de clandestinidad obligada donde surge la radicalización de determinados sectores falangistas que se vieron abocados a abandonar las labores de propaganda, reparto de hojas volanderas y distribución de prensa para adentrarse en formas de acción directa cada vez más agresivas.
La evolución del movimiento nacionalsindicalista mallorquín resulta evidente. Los enfrentamientos físicos, las reyertas callejeras y los ataques contra adversarios políticos fueron dando paso, de forma progresiva, a operaciones de sabotaje, como las roturas de placas de calles, y, finalmente, al uso de explosivos. La bomba colocada en la Casa del Pueblo, junto a otros intentos como los explosivos lanzados en Mancor de la Vall, la colocación de artefactos en las salas de plenos de Campanet o Palma, probablemente constituyan la manifestación más clara de esa transformación radicalizada de la Falange en Mallorca.
Las consecuencias y repercusiones del atentado contra la Casa del Pueblo no pueden entenderse como un episodio aislado. Forma parte de un proceso de deterioro de la convivencia política que afectaba a toda España. La creciente represión gubernamental contra Falange, la clandestinidad del movimiento, la radicalización de algunos sectores y la respuesta movilizadora del movimiento obrero contribuyeron a la creación de un escenario donde la violencia terminó ocupando el lugar de la confrontación política ordinaria.
La explosión del artefacto en uno de los ventanales de la Casa del Pueblo de Palma anticipaba el clima que apenas seis semanas después se desarrollaría en España. La transición desde las octavillas clandestinas hasta la colocación de petardos y bombas reflejaba la profundidad de la crisis. Había dejado de dirimirse en los mítines, los periódicos o las urnas para trasladarse de forma definitiva al terreno de la violencia y la eliminación física del adversario político reconvertido en enemigo mortal.

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