Tres semanas en el castillo de San Carlos

La historia de los falangistas mallorquines durante los meses previos al movimiento cívico-militar del 19 de julio de 1936 sigue ofreciendo episodios poco conocidos y, en ocasiones, interpretados de forma simplificada. Entre ellos destaca la llegada a Palma los días 26 y 27 de junio de 1936, de veintinueve oficiales del Arma de Caballería. El Gobierno del Frente Popular durante la Segunda República dispuso su confinamiento en el Castillo de San Carlos, circunstancia que propició su convivencia con varios militantes falangistas allí detenidos.

La convivencia entre ambos grupos es evidente que pudo favorecer un intercambio de ideas y experiencias que, con el paso del tiempo y de las circunstancias posteriores, tendría una cierta y determinada importancia en el ambiente político de las semanas y meses siguientes.

Con el paso de los años, la importancia de aquel encuentro ha dado lugar a diversas y variopintas interpretaciones. Algunas de ellas han atribuido a los oficiales una condición falangista prácticamente colectiva; otras han llegado incluso a presentarlos como integrantes de una supuesta unidad militar conocida como los “Jinetes de Alcalá”. Sin embargo, las fuentes disponibles sitúan los acontecimientos en su contexto cronológico, y el panorama resulta bastante más complejo y, sobre todo, mucho más interesante.

La historia surge como consecuencia de un confinamiento político fruto de la existencia de una situación crispada en una España polarizada. Durante la primavera de 1936, el Gobierno del Frente Popular adoptó diversas medidas para controlar la conflictividad existente en la sociedad española, esta vez dándole una versión conspirativa a los militares inmersos y a la vez protagonistas de los denominados “sucesos de Alcalá de Henares”.

Recordemos cómo la prensa de la época presentó dichos sucesos como: “una colisión entre individuos de distintas tendencias. Parece ser que los beligerantes fueron paisanos y militares, y que la colisión se produjo por haber agredido algunos vecinos de Alcalá a un militar”[1].

Uno de los aspectos que mayor confusión haya podido generar es la consideración de si eran realmente falangistas los militares; con frecuencia se presenta a los veintinueve oficiales como si formasen un grupo homogéneamente identificado con Falange. Sin embargo, la documentación disponible no permite sostener esa afirmación.

Aquellos hombres eran, ante todo, oficiales del Ejército español del Arma de Caballería, siete capitanes: Joaquín Crespí de Valdaura Caro, Jesús Jiménez Momediano, Luís Jover Bedia, Mariano Peñas Gallego, Julio Redondo Sepulveda, Manuel Rubio Moscoso y Ángel Sánchez del Aguila Menco; veintidós tenientes: Antonio Alos Herrero, Enrique Barges Pozurama, Carlos Camps Buró, Juan Carlier Goyemechea, Clemente Enriquez de Salamanca y Sánchez, José García Landeria, Francisco Gómez Jordana Prats, Santiago Grassa Martínez, Manuel Isasa Navarro, Francisco y Manuel Lizasoain Muguiro, Rafael Mendizabal Amezaga, Vicente Menendez Zapico, Fernando Morales de Castilla y García, Manuel Ordovas González, Ángel Pages López-Guerrero, Francisco Pérez Rojo, Fernando Pulido Goncer, Benito Rodríguez Frutos, Vicente Torres Socazau, Fernando Uriarte y Galainema y Rosendo Villaverda Goncer. Diecisiete con destino en el Regimiento Calatrava, 2; uno en el Numancia, 6 y siete en el Villarrobledo, 3 mientras que cuatro de ellos estaban disponibles forzosos: dos en la 1.ª División, uno en la 2.ª División y otro en la 7.ª División.

Algunos simpatizaban con el ideario nacionalsindicalista, mientras que otros se identificaban con alguno de los movimientos monárquicos o con el conservadurismo tradicional. Sin embargo, todos compartían una reacción frente a la conflictividad social impulsada por las organizaciones de izquierda, que el Gobierno del Frente Popular presentó como una actividad conspirativa, interpretación muy alejada de lo ocurrido tras los incidentes del 15 de mayo. Estos se iniciaron a raíz de un altercado entre oficiales y civiles vinculados a partidos y movimientos de izquierda. Según la versión ampliamente aceptada y recogida en diversos testimonios, la intervención de los militares obedeció más a la defensa de unas jóvenes que estaban siendo insultadas o acosadas en la vía pública que a motivos políticos.

El Ministerio de la Guerra ordenó la apertura de expedientes disciplinarios contra numerosos mandos de los regimientos. Veintinueve oficiales fueron arrestados y destinados gubernativamente a Mallorca, donde serían confinados en el Fuerte o Castillo de San Carlos mientras se resolvía su situación administrativa.

Otra de las aclaraciones pertinentes es la frecuente referencia a los llamados “Jinetes de Alcalá”. La documentación disponible no permite afirmar que los oficiales confinados en Mallorca constituyeran una unidad militar específica bajo tal denominación. Dicho término ha sido de forma posterior utilizado en determinados relatos y obras de divulgación, contribuyendo a crear la impresión de que existía un grupo organizado, cohesionado y oficialmente reconocido bajo ese nombre.

En realidad, los oficiales confinados en el Castillo de San Carlos por decisión gubernativa, procedentes todos ellos del Arma de Caballería, no eran una unidad orgánica diferenciada ni una formación militar con identidad propia denominada “Jinetes de Alcalá”.

Lo cierto es que aquella fue una relación decisiva dentro de un contexto muy concreto. La convivencia entre militares confinados y falangistas encarcelados en el Castillo de San Carlos favoreció los contactos personales, el intercambio de ideas y una cierta influencia mutua. Sin embargo, este proceso se produjo en un periodo muy breve, limitado a las tres semanas transcurridas entre finales de junio y el 19 de julio de 1936.

La consecuencia de la reacción gubernativa constituyó un efecto perverso ampliamente reconocido: la decisión adoptada produjo precisamente el resultado contrario al que se pretendía. Los oficiales confinados en Mallorca no abandonaron sus convicciones previas. Antes bien, el arresto reforzó su cohesión, estrechó sus vínculos y favoreció el establecimiento de contactos con organizaciones políticas que ya participaban en las conspiraciones existentes. Finalmente, tras la declaración del estado de guerra por el general Goded el 19 de julio, aquellos oficiales pasaron a constituir un refuerzo cualificado para el cuadro de mandos de los sublevados.

[1] Diario de Burgos, 16 de mayo de 1936.