De los atentados a la represión: la tensión política en Baleares en 1936

La muerte, el 10 de marzo de 1936, a manos de miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, del estudiante de Derecho y afiliado al Sindicato Español Universitario de 18 años Juan José Olano Orive, conllevó acciones de represalias por parte de la Primera Línea de Falange, el 12 de marzo, contra el diputado socialista Luis Jiménez de Asúa, en la cual resultaría muerto Jesús Gisbert Urreta, agente del Cuerpo de Investigación y Vigilancia encargado de la escolta del diputado, y ante el fracaso de este primer atentado, se perpetró, el 15 de abril, una nueva acción de represalia que causaría la muerte al magistrado Manuel Pedregal Luege, en aquellos momentos encargado de la instrucción judicial del atentado contra Jiménez de Asúa y caracterizado por haber condenado anteriormente a varios afiliados al movimiento nacionalsindicalista.

Las acciones del 12 de marzo y del 15 de abril marcaron un punto de inflexión. A ellas se sumaron las tradicionales intervenciones de los falangistas en las vísperas del 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República en 1931, lo que desencadenó una serie de medidas contra la estructura dirigente del movimiento falangista. Estas culminaron con la detención y encarcelamiento tanto de sus responsables como de muchos de sus afiliados en toda España.

Así, se puede entender la actuación: el día 15 de abril, el Gobernador Civil de Baleares dictó una orden dirigida a los alcaldes de diversas localidades mediante la cual se instaba a extremar “la vigilancia y a proceder a la realización de registros domiciliarios de aquellas personas sospechosas de poseer armas sin la correspondiente licencia”.

En fecha posterior, el día 17 de abril, la actuación anterior se vio reforzada con una nueva orden que disponía la detención de los afiliados al movimiento nacionalsindicalista en distintas localidades del archipiélago; ordenándose la detención de los falangistas de: “Lloseta, Lloret, Marratxí, Mancor, Puigpuñent, San José, Sta. Eugenia, Ses Salines, Villafranca, Algaida, Bañalbufar, Costix, Estellenchs y Fornalutx”.

Con posterioridad, el Secretario de la Vieja Guardia de Falange recordaría la contundencia en la ejecución de la operación policial durante los días de persecución de los “camisas viejas” del movimiento falangista con las siguientes palabras: “Y así era. La consigna cumplióse rigurosamente y nuestros camaradas eran detenidos en sus domicilios, en sus oficinas, en sus puestos de trabajo”. Curiosamente, establecería una relación de 54 detenidos en las JONS de: Búger, Bunyola, Campanet, Campos, Esporles, Felanitx, Inca, Llubí, Llucmajor, Manacor, Montuïri, Palma, Porreres y Puigpunyent, que difería de la recogida en la orden gubernativa.

A este censo inicial de 54 falangistas, se suman al menos 16 más: 4 en Alcudia, 3 en Felanitx y 9 en Manacor. De este modo, a partir del 17 de abril, el número de detenidos ascendería a 70 nacionalsindicalistas, distribuidos entre los depósitos de presos de Inca, Manacor y Palma; muchos serían trasladados a la cárcel provincial de Palma y, posteriormente, al castillo de San Carlos.